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Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril , por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Se trata, pues, de señalar, mediante norma de rango adecuado las reglas que compatibilicen las condiciones de ejercicio de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor con la regulación aplicable al transporte urbano en la modalidad de taxi, permitiendo así la aplicación congruente de las normas dictadas en el ámbito autonómico y municipal para regular el transporte público de viajeros en vehículos de turismo en dicho ámbito con el régimen aplicable a las actividades de arrendamiento de vehículos con conductor y de transporte público interurbano en vehículos de turismo regulado por el Estado en el ejercicio de sus competencias.  La necesidad urgente de dotar de mayor seguridad jurídica a las reglas aplicables a la actividad de arrendamiento de vehículos con

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/606 de la Comisión, de 19 de abril de 2018, por el que se aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para el nombre «Dons» (DOP).

Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril , por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. España acumula en estos momentos un retraso en la transposición de la Directiva 2014/26/UE, que debería haber sido transpuesta al ordenamiento interno antes del 10 de abril de 2016. Su incorporación al ordenamiento jurídico interno requiere al menos una norma con rango de ley, cuya demora en su aprobación implica un riesgo de multa con base en lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este sentido, la Comisión Europea ya ha acordado, el 6 de diciembre de 2017, interponer demanda contra el Reino de España ante el Tribun

Tribunal Constitucional Auto 27 / 2018, de 20 de marzo de 2018 (BOE núm. 90, de 13 de abril de 2018).   Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5119-2017, planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada en relación con el artículo 118.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes FJ 4: " Para el órgano judicial que promueve esta cuestión, la duda de constitucionalidad no se suscita por la fijación de un fuero competencial extravagante a la sistemática general; sino porque el legislador ha delegado, en el órgano de gobierno del Poder Judicial, la concreción de los juzgados de lo mercantil que resultan competentes para dilucidar pretensiones relativas a la propiedad industrial y, singularmente, a las marcas comerciales. Una vez fijada la anterior premisa, en primer lugar se dará respuesta a ese planteamiento desde la perspectiva del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley que reconoce el artículo 24.2 CE".

ABOGACÍA: Marca ICA OVIEDO ( enlace ) ECONOMISTAS:  Marca colectiva ECONOMISTAS ( Reglamento de uso )

2013 Resolución de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por la que se da publicidad a la  solicitud de registro  de la indicación geográfica protegida «Morcilla de Burgos». 2017 STSJ Valladolid, Sala de lo Contencioso, de 28 de marzo de 2017 2018 NOTA: pendiente STS y presentado recurso de amparo ante TC