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En el año 2007 se aprobó una importante norma, la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo , para regular la nueva realidad de esta figura (E. Mot., ap. II), que hace que convivan el denominado " autónomo clásico " (titular de un establecimiento comercial, agricultor o profesional) con nuevas figuras de autónomo , como " los emprendedores, personas que se encuentran en una fase inicial y de despegue de una actividad económica o profesional, los autónomos económicamente dependientes, los socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales o los administradores de sociedades mercantiles que poseen el control efectivo de las mismas ". Por ello, según establece el artículo 1, esta norma " será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativ...

Interesantes reflexiones en esta noticia (desde el despacho Garrigues) sobre la que denomina "FILIALIZACIÓN", operación que se consigue mediante las aportaciones no dinerarias de ramas de actividad (y el consiguiente aumento de capital). Como esto puede afectar al objeto social (que puede quedar modificado por esta aportación) se plantea el problema del "derecho de separación" del socio que vote en contra (art. 346 LSC), que en este caso consideran no aplicable, pues defienden que se trata de una realización indirecta del objeto social, al entender que el contenido de esta operación es una verdadera modificación estructural. En definitiva, un bonito tema de interacción entre la LME y la LSC ... y a mi juicio, otro claro ejemplo de "ingeniería jurídica".