
(8) Las nuevas tecnologías hacen posible el análisis computacional automatizado de información en formato digital,
por ejemplo de textos, sonidos, imágenes o datos, al que generalmente se denomina «minería de textos y datos».
La minería de textos y datos posibilita el tratamiento de grandes cantidades de información con el fin de adquirir
nuevos conocimientos y descubrir nuevas tendencias. Aun cuando las tecnologías de este tipo estén muy
extendidas en la economía digital, se reconoce generalmente que la minería de textos y datos puede beneficiar especialmente a la comunidad de investigadores, apoyando de este modo la innovación. Dichas tecnologías
benefician a las universidades y otros organismos de investigación, así como a las instituciones responsables del
patrimonio cultural, ya que también pueden llevar a cabo investigaciones en el contexto de sus actividades
principales. No obstante, esos organismos e instituciones se enfrentan en la Unión a cierta inseguridad jurídica
a la hora de determinar hasta qué punto pueden llevar a cabo actividades de minería de textos y datos de
contenidos. En determinados casos, la minería de textos y datos puede comportar actos protegidos por derechos
de autor, por el derecho sui generis sobre las bases de datos, o por ambos, en particular, la reproducción de obras
u otras prestaciones, la extracción de contenidos de una base de datos, o ambos, lo que sucede, por ejemplo,
cuando se normalizan los datos en el proceso de minería de textos y datos. Cuando no se aplica ninguna
excepción o limitación, se requiere una autorización de los titulares de derechos para llevar a cabo tales actos.
(11) La inseguridad jurídica en materia de minería de textos y datos debe subsanarse estableciendo una excepción
obligatoria para las universidades y otros organismos de investigación, al igual que las instituciones responsables
del patrimonio cultural, respecto del derecho exclusivo de reproducción y del derecho de prohibir la extracción
de una base de datos. En consonancia con la actual política de investigación de la Unión, que anima a las universidades y los institutos de investigación a colaborar con el sector privado, los organismos de investigación
también han de poder acogerse a la excepción cuando sus actividades de investigación se lleven a cabo en el
marco de asociaciones público-privadas. Si bien los organismos de investigación y las instituciones responsables
del patrimonio cultural han de seguir siendo los beneficiarios de dicha excepción, deben también poder recurrir
a sus socios privados para realizar la minería de textos y datos, también mediante la utilización de sus medios
tecnológicos.
(12) Los organismos de investigación de la Unión comprenden una amplia variedad de entidades cuyo principal
objetivo es la investigación científica, combinada o no con la prestación de servicios educativos. A los efectos de
la presente Directiva, el término «investigación científica» debe entenderse que engloba tanto las ciencias naturales
como las ciencias humanas. Debido a la diversidad de tales entidades, es importante disponer de una definición
común de los organismos de investigación. Por ejemplo, deben comprender también, además de las universidades
y otros centros de educación superior y sus bibliotecas, entidades como los institutos de investigación y los
hospitales que llevan a cabo investigaciones. A pesar de las diversas formas y estructuras jurídicas, los organismos
de investigación de los Estados miembros suelen desarrollar sus actividades sin fines lucrativos o en el contexto
de una misión de interés público reconocida por el Estado. Dicha misión podría quedar reflejada, por ejemplo,
a través de la financiación pública o de disposiciones de la legislación nacional o de los contratos públicos. En
cambio, no han de considerarse organismos de investigación a los efectos de la presente Directiva aquellos
organismos sobre los que las empresas comerciales tienen una influencia decisiva que permite a dichas empresas
ejercer el control debido a situaciones estructurales, como de su condición de accionistas o socios, lo cual podría
dar lugar a un acceso preferente a los resultados de la investigación.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) «organismo de investigación»: una universidad, incluidas sus bibliotecas, un instituto de investigación o cualquier otra
entidad cuyo principal objetivo sea realizar investigaciones científicas o llevar a cabo actividades educativas que
también impliquen realizar investigaciones científicas:
a) sin ánimo de lucro o reinvirtiendo todos los beneficios en sus investigaciones científicas, o
b) conforme a una misión de interés público reconocida por un Estado miembro,
de tal manera que una empresa que ejerza una influencia decisiva en dicho organismo no pueda gozar de acceso
preferente a los resultados generados por tales investigaciones científicas;
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Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
Artículo 68. Utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas digitales y transfronterizas.
1. No será precisa autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual para los actos de reproducción, distribución y comunicación pública por medios digitales de obras y otras prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos siempre que:
a) sean realizados por el profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y por el personal de universidades y organismos de investigación.
b) tengan lugar en un entorno electrónico seguro.
c) se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, siempre que sea posible.
2. Estos actos se entenderán únicamente realizados en territorio español, aunque sus destinatarios no se encuentren en él.
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