Exigencia de responsabilidades entre las enmiendas a la reforma de la LSC

En el día de hoy se publican las enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Como las normas que se publican en el BOE suelen llevar interesantes DISPOSICIONES ADICIONALES, reparamos en ésta que propone el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia:

ENMIENDA NUM. 22
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Union Progreso y Democracia

Al articulo unico, nueva disposicion adicional
De adicion de una nueva disposicion adicional.

Texto que se propone:
Disposicion adicional. Exigencia de responsabilidades a los causantes de la crisis financiera en Espana.
El Gobierno hara uso de todos los instrumentos a su alcance para exigir las responsabilidades profesionales, económicas o penales a los causantes del deterioro de los balances y de la ocultación de los problemas en las entidades financieras que han tenido que ser rescatadas a costa del contribuyente.
El FROB tendra la obligación de emprender todas las acciones necesarias tendentes a este fin en aquellas entidades que controle.
En el plazo de un mes, el Gobierno promoverá los cambios legislativos necesarios para revisar la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones, o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuáles puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones, percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, incluyendo las ya cobradas con posterioridad al 1 de enero de 2008, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del Estado a traves del FROB (extendiéndose a cualquier tipo de participación, sea mayoritaria o no) al objeto de impedir su materialización o recuperar la cuantía cobrada.

JUSTIFICACION

La sociedad española no entiende que unos hechos tan graves y de consecuencias tan terribles como los sucedidos en las Cajas de Ahorros, que en último término han conducido a nuestro país al rescate europeo (con todas sus secuelas), no hayan conllevado una clara exigencia de responsabilidades. La negativa a crear una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados ha reforzado esa sensación de impunidad en unas entidades tremendamente politizadas. De hecho, los principales responsables de haber hundido las entidades que dirigían no solo no han sido penalizados, sino que han recibido indemnizaciones y prejubilaciones multimillonarias que ahora mismo siguen disfrutando, lo que resulta socialmente inaceptable.
Lo anterior contrasta con las enormes pérdidas de dinero público. Miles de trabajadores han perdido sus empleos. Cientos de miles de estafados por las preferentes han perdido sus ahorros. Todo como consecuencia directa de la actuación de los consejeros y directivos de las Cajas, que además disfrutaron de unos salarios desproporcionados, generosas políticas retributivas post-empleo y créditos en condiciones ventajosas durante su mandato. Se pretende que se recuperen las indemnizaciones ya pagadas a los miembros de la alta dirección de las entidades financieras que han tenido que recurrir a las ayudas públicas.